ECONOMÍA Y DEMOCRACIA

OPINIONES DE WILLY MEYER

Willy Meyer, eurodiputado y candidato por Izquierda Unida ha dado una conferencia en el Real Instituto Elcano en el marco de las próximas elecciones europeas. Meyer y ha explicado que "en la actual situación de crisis económica mundial Europa se encuentra en una encrucijada: seguir manteniendo el modelo vigente que nos ha llevado en España a más de 4 millones de parados, modelo basado en la no intervención pública de la economía, la privatización de servicios públicos y la flexibilización del mercado laboral, o dar un giro de 180 grados hacia una Europa con instrumentos públicos para situar el interés del ciudadano en el centro de las políticas.

"Me sorprendió que, en el debate sobre el estado de la Nación, Europa fue la gran ausente a siete meses vista de que España asuma la Presidencia de la UE ". "Los noes francés y holandés al Tratado Constitucional y el no de Irlanda al Tratado de Lisboa suponen un rechazo de los ciudadanos europeos a la construcción europea tal y como se ha hecho" ? argumentó Meyer.

"A este respecto, en Izquierda Unida proponemos un verdadero proceso constituyente, donde sean los ciudadanos que escojan a un Parlamento europeo con verdadera potestad legislativa para redactar una constitución de todos y todas las europeas, no un texto como se pretende con el Tratado de Lisboa redactado entre los dirigentes europeos de espaldas al ciudadano."

"Europa se ha guiado por la teoría liberal de Tatcher y de los EEUU de los años 70-80 en la que el Estado era el problema y se dejaba en manos del mercado la regulación de toda actividad. Este modelo ha fracasado".

El candidato de IU ha explicado que en Izquierda Unida "apostamos por la intervención pública para rescatar aquellos sectores estratégicos que fueron privatizados por los gobiernos del PP y del PSOE como el energético, correoso el naval, a través de la creación de consorcios públicos europeos, cuyos beneficios irían destinados al beneficio social, a la inversión en energías alternativas y a la eficiencia en el consumo".

"Esta lógica marcada por la Estrategia de Lisboa ha afectado a todos los sectores: automóvil, siderúrgico, o la política agraria, diseñada para evitar las ayudas a la producción, donde salen beneficiados las grandes multinacionales en detrimento de los pequeños productores".

En el sector del automóvil Izquierda Unida "no estamos de acuerdo con la inyección de ayudas directas sin la posibilidad de participar en los consejos de administración de las empresas, si esto fuera así no se hubieran producido situaciones de chantaje como la de la SEAT de Martorell. Apostamos por una banca pública, que haga llegar el dinero a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos, en vez de dárselo a la banca y a los grandes empresas para que mantengan sus beneficios astronómicos."

Respecto a la política exterior, la política de seguridad y la política de vecindad Meyer se ha referido "a la voladura controlada del derecho internacional con las guerras preventivas al margen de Naciones Unidas, el reconocimiento de la independencia unilateral de Kosovo, o la impunidad sobre la violación de crímenes de guerra por parte del Estado de Israel.

Todo esto genera un marco de inseguridad porque las reglas de juego se han roto. Europa a nivel internacional juega un papel limitado y vinculado a la Alianza Atlántica. Izquierda Unida seguimos apostando ahora más que nunca por la disolución de la OTAN, por ser ésta un producto de la guerra fría. En IU abogamos por la desmilitarización de la seguridad y supeditar el uso de la fuerza al mandato de Naciones Unidas?"

¿ESTADO DE DERECHO?

El Estado de Derecho debe garantizar los derechos civiles

Me parece una excelente idea pedir a los compañer@s que nos hagamos agitador@s para que nuestra organización consiga una buen resultado electoral.

Pero, dicho esto, de poco servirá agitar las conciencias de los ciudadanos, si no conseguimos tranquilizar las nuestras ante los atropellos del estado.

Escribo esto, porque he conocido con profunda decepción las declaraciones de Willy Meyer sobre la posible ilegalización o impugnación de Alternativa Internacionalista para las elecciones del siete de junio.

Creo que IU no puede avalar, sin un exámen sensato, una decisión semejante, que afecta a los derechos civiles de miles de personas. No debe aprobar sin más que, desde el gobierno de ZP, se pretenda permanentemente impedir al independentismo vasco que participe en los procesos electorales. Aceptarlo así es por nuestra parte un error importante.

Puedo entender que no se quiera avalar las listas de otros partidos, pero, de eso a colaborar para que se impida a otros presentarse media un abismo. Es una actitud poco admisible en una organización que proclama y que, consecuentemente practica, la libertad de opción para tod@s.

IU debe manifestarse inequívocamente a favor de la libertad de cualquier ciudadano a presentarse. Sólo se puede impedir ese derecho a aquellas personas que estén afectadas por una sentencia firme que conlleve la suspensión de sus derechos civiles. Y eso después de que se haya producido un juicio con todas las garantías procesales y no tengo la más mínima constancia de que Alfonso Sastre, Ángeles Maestro o Doris Benegas estén en esa situación.

Es ésta una consecuencia directa de la nefasta Ley de Partidos que IU no avaló. Por lo tanto, si no apoyó ese engendro, tampoco parece sensato asumir sus consecuencias.

Como militante de IU, expreso mi rechazo a cualquier intento apriorístico de mediatizar la libertad de expresión o actuación política, incluso para aquellas personas u organizaciones de las que discrepo total y absolutamente, como es el caso de la citada candidatura.

Como elector de Meyer, a quién votaré el día siete, no puedo por menos que manifestarle mi perpelejidad por la "ligereza" y precipitación de su declaración.

salud.

SOBRE BOLONIA

El artículo de Caya Lara puede (y debe) ser una base para iniciar una reflexión y un debate.


CAYO LARA MOYA

Aunque la polémica sobre el Proceso de Bolonia ha saltado a la luz este curso, hace años que la comunidad universitaria se está movilizando, en las aulas y en las calles, para frenar su aplicación. Esto ha sido provocado en gran medida por la ausencia de un debate participativo y en profundidad sobre las reformas universitarias en marcha que condicionarán el futuro de la universidad y tendrán importantes repercusiones sociales.

Hay que denunciar la escasa información que proporciona el Gobierno y su renuncia a organizar un amplio debate. Espero que el nuevo ministro de Educación y Universidades, Ángel Gabilondo, abra cuanto antes el diálogo con la comunidad universitaria y, especialmente, con los estudiantes.

Sin renunciar a cuanto pueda contribuir a la mejora de la docencia y la investigación universitarias, así como a la eliminación de las barreras clasistas para acceder y completar estos estudios, la situación actual nos lleva a reclamar que se detenga la implantación de nuevos planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública entre todos los componentes de la universidad permita esclarecer su sentido general y su contenido preciso en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

La puesta en marcha de titulaciones adaptadas a dicho espacio se presenta como un requisito para facilitar la movilidad de los distintos sectores universitarios (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios) y la de los futuros titulados en el marco del libre mercado europeo. Pero el proceso se realiza sin dotación presupuestaria adecuada y en condiciones de recorte del gasto público. Supone una amenaza para la calidad de las titulaciones, una insuficiencia clara de becas y peores condiciones de los préstamos para financiar unos másteres carísimos.

Esta precariedad financiera abrirá las puertas a la financiación privada del sistema público universitario, como se plantea explícitamente en la Estrategia Universidad 2015, presentada a bombo y platillo por el anterior equipo ministerial como su gran apuesta para lograr la “modernización” de nuestras universidades en aras de una mayor competitividad de la economía. Eso pone en peligro la esencia de la institución universitaria, que ha de ser concebida como servicio público y no como un negocio más para banqueros yempresarios.

En IU creemos que ha llegado la hora de plantearse decididamente qué hacer frente a Bolonia. Proponemos que se tomen medidas como las siguientes: póngase en práctica lo que acordaron en Praga, en 2001, los mismísimos ministros de Educación europeos al declarar que “los estudiantes deberían participar e influenciar en la organización y contenido de la educación en las universidades”.

Sólo con la participación y un amplio debate entre estudiantes, profesorado y el conjunto de la sociedad a través de sus representantes podrá hacerse una reforma democrática de la universidad. Y, para hacerlo viable, es imprescindible paralizar la reforma de los planes de estudio y suspender la fecha límite de 2010 como inicio de la extinción de los planes preBolonia.

En segundo lugar, hágase realidad lo que también acordaron los ministros de Educación en Bergen, en 2005, sobre la llamada “dimensión social del Proceso de Bolonia”, entendida como “la necesidad de establecer las condiciones para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Esto exige llegar al 2% del PIB para la financiación universitaria, luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central, trabajar por la gratuidad de todos los estudios superiores y generalizar un sistema de becas-salario. A su vez, esto implica descartar la subida de tasas, impedir que los másteres tengan elevados precios y rechazar los falsos préstamos-renta que hipotecan al estudiantado.

En tercer lugar, para hacer efectiva “una educación superior centrada en los estudiantes”, como promulgaron en Londres, en 2007, los susodichos ministros, póngase en marcha una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje más activo, una relación más cercana estudiante-profesor, con grupos más pequeños y una docencia mástutorizada.

En cuarto lugar, hay que abandonar el objetivo de “incrementar la competitividad del Sistema Europeo de Educación Superior”, declarado en Bolonia, en 1999, dando pie a un proceso de mercantilización y privatización de la universidad, no a su reforma democrática. Los servicios educativos no deben tratarse como una mercancía y la mejora de su calidad no pasa por la competitividad entre las universidades de España, de Europa o del resto de mundo, sino por la cooperación entre ellas. Ha sido un mérito del movimiento estudiantil forzar a diversos actores a pronunciarse en contra de la mercantilización de la universidad pública, alertando de mil maneras de la subordinación al mercado que está implícita en el objetivo de la competitividad.

Por último, la necesidad de una formación universitaria que también prepare para el ejercicio profesional no debe servir de excusa para supeditarla a las necesidades del mercado en nombre de la llamada “empleabilidad”, sino que debe orientarse a formar personas críticas y altamente cualificadas, con capacidad investigadora e innovadora, que contribuyan a la creación cultural y a un desarrollo social y ecológicamente sostenible.Hay que dar un giro de 180 grados a la política universitaria de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, plasmada en su Estrategia Universidad 2015, y trabajar de forma efectiva por una universidad pública de calidad, gratuita, democrática y al servicio de lasociedad.

Cayo Lara Moya es Coordinador General de Izquierda Unida.