FALSEDADES PELIGROSAS

Desde hace algunas semanas se ha iniciado una operación que pretende convencernos de que existe una conspiración contra los empresarios. Una campaña en la que estarían implicados los sindicatos, el gobierno y algunas fuerzas de Izquierda.

Esta cruzada, liderada por Intereconomía y su medio escrito La Gaceta y secundada por otros grupos informativos, pretende hacer creer a los ciudadanos que los empresarios son víctimas de una conspiración revolucionaria destinada a socavar su existencia.

No es de extrañar semejante actitud siendo el grupo Intereconomía lo que es, pero, en todo caso, urge desmontar semejante engañifa para que, al final, no parezca que los culpables de la crisis fueron los trabajadores que se negaron a pactar una salida a la misma.

En primer lugar hay que decir claramente que los trabajadores de este país hemos dado un ejemplo de sensatez encomiable. Sólo en ocasiones muy concretas y, siempre en defensa del empleo, se han producido manifestaciones y algunos paros. Y esto pese a que el desempleo alcanza ya a cuatro millones de personas.

Las organizaciones sindicales han mantenido una actitud de prudencia absoluta y allí donde han podido y les han dejado, han tratado por todos los medios de alcanzar acuerdos satisfactorios. Un caso muy reciente es el de la fábrica de General Motors en Figueruelas (Zaragoza).

Incluso han resistido las presiones de algunas fuerzas que les aconsejaban una huelga de carácter general que, en mi opinión acertadamente, han desestimado.

Lo que se pretende en realidad es confundir a los ciudadanos y defender la cara a la cúpula de la CEOE que, por otra parte, no representa en absoluto a todos los empresarios.

Lo que sucede es que Intereconomía tiene unas excelentes relaciones con la gran patronal, uno de cuyos vicepresidentes, Arturo Fernández, deja buenas campañas de publicidad de su Grupo Arturo en esa emisora.

Se rasgan las vestiduras la gran patronal, el PP e Intereconomía y rechazan que la gran patronal quiera el despido libre: otra mentira, porque en España el despido libre hace mucho tiempo que existe. Por lo tanto no se puede pedir algo que es una realidad. Es una maniobra de distracción.

Lo que pretende la patronal de patronales es que, además de libre, sea sin indemnización y, si de paso, es posible reducir el coste de las prestaciones sociales pues muchísimo mejor para sus bolsillos. Esta es la realidad.

Pretenden hacernos creer que con un despido sin indemnización habría muchas más contrataciones. Nueva mentira: lo único que se conseguirá es mucha más precariedad en el empleo y que los empresarios pudieran presionar a sus trabajadores para imponerles unas condiciones mucho más leoninas que las ya existentes.

Es posible que en otro país, con otro tipo de patronal, se pudiera creer esa patraña, pero aquí, donde el presidente de la CEOE, señor Gerardo Díaz Ferrán, cuya empresa es un ejemplo de mala gestión, y que se ha declarado públicamente admirador de Esperanza Aguirre, los trabajadores sabemos muy bien que intereses defiende la CEOE.

Y es esta otra cuestión importante: la CEOE no representa los pequeños empresarios en absoluto y, por lo tanto, no puede hablar en su nombre ni atribuirse una representación que afortunadamente no tiene.

Los pequeños empresarios, estos sí, están desamparados ante la crisis y no es la CEOE, ni la gran banca, ni las multinacionales quienes defienden sus intereses. Son ellos mismos a través de sus organizaciones quienes plantean las cuestiones que les preocupan.

La reciente manifestación de agricultores es una buena demostración.

Por tanto, no es posible aceptar que la salida de la crisis sólo haya servido para ajustar las plantillas de las empresas y que todo quede nada más que en eso como pretende la patronal.

No es posible aceptar que se lleven adelante una serie de fusiones en las Cajas de Ahorro que únicamente signifiquen cierre de oficinas y pérdida de empleo, como parece que va a suceder con Caja Castilla-La Mancha.

No es posible que el final de esta crisis se cierre con un desempleo dantesco y sin que los auténticos responsables sigan sentados en sus poltronas como si nada hubiera pasado. Ha pasado, claro que ha pasado, y los responsables de lo que ha sucedido deben de responder de sus crímenes.

No es posible que las ayudas del gobierno sólo beneficien a unos pocos, como los fabricantes de coches, sin que estas empresas garanticen el empleo. SEAT acaba de presentar otro ERE.

No es posible que los ciudadanos vayamos a soportar una subida de impuestos y los grandes empresarios sigan repartiéndose beneficios que muchas veces escapan a cualquier control.

No, no es posible que se aprovechen de la crisis.

ACUSACIÓN Y PROPAGANDA

En la Roma imperial era costumbre arraigada que se lanzaran todo tipo de acusaciones contra los personajes públicos, sobre todo si eran ricos, porque en el caso de que se demostrara su culpabilidad una buena parte de sus bienes pasaba automáticamente al acusador. Era una forma legal pero inmoral de enriquecerse.

Era tal el cúmulo de acusaciones que muchas veces los implicados se suicidaban, antes de que se celebrara el juicio, para evitar la ruina de sus familias ya que al morir el acusado la acusación dejaba de tener efecto. Así murieron muchos inocentes.

Las inculpaciones eran de lo más variopintas: adulterio, incesto, robo, deslealtad con el emperador, traición, conspiración, publicación de libelos etc.

Pues bien, parece que en España volvemos a reeditar las viejas costumbres romanas y no hay día en el que algún personaje de la vida pública, en cualquiera de sus facetas, se vea envuelto en una demanda por las cosas más disparatadas.

Y, así, vemos como son denunciadas madres por presuntamente secuestrar a sus hijos, padres por no pasar la pensión alimenticia y, sobre todo, políticos de toda clase y condición por delitos relacionados con el cohecho, la estafa y la prevaricación. En muchos casos la demanda no pasa del primer filtro judicial.

Hace poco mostré mi preocupación por lo que considero una utilización morbosa de las imagines de los imputados en un delito pero, de la misma forma, me preocupa la utilización de la justicia para enfangar subrepticiamente a los políticos.

Es cierto que, en la mayor parte de las ocasiones, es el propio sistema judicial o policial el que actúa de oficio, con lo que la garantía de que se obre de acuerdo con la ley, es mucho mayor.

Sin embargo, también otras muchas veces, son organizaciones de claro signo ultramontano las que acusan a instituciones o personas con tal de armar revuelo y ponerlos en una situación complicada.

El último caso, y que va dar mucho que hablar, es el de Diego López Garrido, secretario de estado para la UE que ha sido acusado de prevaricación a causa de una subvención que se concedió a una fundación de la que él fue, en algún momento, partícipe.

Los querellantes son integrantes de una asociación católica muy conservadora y que ya se ha distinguido en ocasiones anteriores por efectuar acusaciones que no han prosperado por ser, según la propia justicia, un conjunto de intenciones espurias. Sin embargo, consiguen propaganda que es lo que pretenden y que el demandado quede en entredicho.

Ahora, esa misma asociación, se ha querellado contra el citado López Garrido y aquí es donde está el problema fundamental porque, sí usamos para todos los políticos la misma vara de medir, el secretario de estado ya debería ir pensando en presentar su dimisión, tal y como se pide en el caso de otros políticos que están en idéntica situación, es decir, acusados pero pendientes de la consiguiente resolución judicial.

El problema es que, por este procedimiento, cualquiera puede, como en la Roma imperial, acusar a otra persona de un delito, y bastaría que el juez aceptase a trámite la querella para que el personaje en cuestión tuviera serias dificultades a la hora de no asumir responsabilidades políticas.

Mantengo, en cualquier caso, que una cuestión es la vía penal y otra muy distinta la responsabilidad política de los cargos públicos. O dicho de otra forma, la inocencia penal no es equivalente a la irresponsabilidad política.

Tal vez hemos llegado a un extremo en el que habrá que replantearse si una querella presentada contra cualquier persona, especialmente si este es un cargo público, y que después no va más allá de la mera admisión a trámite y finalmente es archivada con una severa admonición contra el querellante, no debería ser severamente sancionada de alguna forma para evitar que la proliferación de denuncias, además de colapsar los juzgados se use de forma fraudulenta para obtener réditos inmorales.

Nos hemos acostumbrado a que las acusaciones falsas queden absolutamente impunes y esto ha animado a toda clase de gentecilla carente de ética a usar esta arma como método propagandístico de confrontación política y, es esta, otra de las causas que desacreditan al sistema democrático.

No se entienda esto como una defensa cerrada de López Garrido que, en mi opinión, y dadas las circunstancias comentadas, ya debería haber dimitido.